Una inquietud válida

El derecho a la intimidad que les asiste a Angelino Garzón y sus familiares termina donde empieza el de los colombianos a saber cómo se encuentra el Vicepresidente.

 

 

El país ha recibido reportes sobre la progresiva recuperación del vicepresidente Angelino Garzón, quien, al parecer, ha logrado sobreponerse tras padecer un complejo cuadro clínico, consecuencia de un serio accidente cerebrovascular.

Una excelente noticia, sin duda, pero que no ha conseguido superar la incertidumbre que ha rodeado este episodio, pues todavía no hay claridad sobre su verdadero estado de salud. Por eso, cada vez más voces sugieren que el derecho a la intimidad que les asiste al paciente y a sus familiares termina donde empieza el de los colombianos a saber qué secuelas dejaron en el organismo del número dos del Gobierno los quebrantos padecidos y si presenta algún problema que no le permita cumplir con la única función que la Constitución dispone para su cargo: remplazar al Presidente en el indeseable escenario de su ausencia definitiva.

A este panorama, además, nada ayuda la forma como se ha dado su paulatina reaparición. El regreso a la escena pública se ha producido de una manera poco acorde con la dignidad de su cargo, mediante un par de misivas y en medio de versiones extraoficiales sobre las actividades que comienza a retomar.
En esta nebulosa apareció el senador Juan Carlos Vélez asegurando, sin que hasta ahora haya sido desmentido, que Garzón lo llamó para expresarle apoyo a su propósito de convocar, por vía legislativa, nada menos que a una asamblea constituyente. Una iniciativa tan inconveniente como carente de viabilidad, tal como hoy están alineadas las cargas en el Legislativo.

El Vicepresidente está en todo su derecho de opinar sobre el acontecer político e, incluso, de disentir de Juan Manuel Santos, como en el caso de la propuesta del senador Vélez, que no cuenta con la aprobación del Ejecutivo. Lo que no le sirve al país es que recurra a canales como aquellos de los que se ha valido, incluyendo breves conversaciones telefónicas o comunicaciones por escrito, que generan más dudas que certezas.

La razón es que, a la fecha, nadie, con excepción de su familia y sus médicos, ha dialogado personalmente con Garzón. Por lo tanto, es indispensable ponerle fin a una oleada de rumores que poco les sirven al país y sus instituciones.

De ahí que no sobre insistir en la necesidad de realizar acciones que traigan la transparencia que tanto ha faltado. Lo más conveniente, entonces, es que el Congreso solicite la conformación de una comisión médica de alto nivel para que examine al Vicepresidente.

No hace falta conocer detalles que pueden, y deben, permanecer en su esfera más íntima. Se trata simplemente de responder a la pregunta sobre si la salud del funcionario le permitiría tomar las riendas de la nación, de ser necesario.

Los galenos se limitarían a resolver este interrogante, pues, al no haber unas funciones para el cargo, es difícil ir más allá. De existir una lista de tareas precisa, se podría tener un diagnóstico más certero sobre los alcances de una eventual incapacidad.

Pero dicha carencia lleva irremediablemente a un pantano científico y jurídico, en el que no se puede caer. Aunque odiosa, como todas las comparaciones, vale recordar cómo fluyeron los reportes cada vez que el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, tuvo una recaída a causa de sus problemas coronarios.

Por eso, hacia el futuro, sería deseable que existieran reglas más claras. Y mientras el país le reitera a Garzón merecidas muestras de cariño y admiración, es indispensable actuar con prontitud para contrarrestar la falta de información, caldo de cultivo del nocivo juego de dimes y diretes que ha acompañado este caso.

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