Los inamovibles de La Habana

El escenario que comienza en Cuba, en la negociación con las Farc, obliga a aferrarse a unos tiempos y unas reglas, como ya lo definieron las partes en el ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto’.

El próximo 5 de noviembre tendrá lugar la primera de cinco reuniones técnicas previas al inicio de las conversaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Los encuentros servirán para definir cuestiones procedimentales una semana antes del comienzo de las sesiones.

Será inevitable en esta nueva cita escuchar el eco del discurso pronunciado en Oslo por Iván Márquez, marcado más por la confrontación que por el ánimo de reconciliación. Sus palabras llamaron la atención en tanto desbordaron los cauces ya trazados en la fase previa. No obstante lo sorpresiva que resultó, dicha intervención no consiguió minar lo ya construido. Prueba de ello es que la comunicación entre las partes continuó y la logística anterior siguió su marcha, pese a sobresaltos como el que representó la acertada decisión de limitar los salvoconductos de los voceros de las Farc. Con esto se demarca desde el principio el campo de acción de los negociadores de la subversión y se reduce la posibilidad de que se aproveche esta ventana en pos de una agenda diplomática paralela.

Y es que, ad portas de que comience lo duro del nuevo intento de paz, hay que reiterar que las negociaciones se darán en un marco diferente al de anteriores aproximaciones. Un contexto con márgenes mucho más estrechos y créditos bastante reducidos, que, por lo demás, se agotan con salidas como la ya citada del segundo al mando de las Farc. El de ahora es un escenario que obliga a aferrarse a unos tiempos y a unas reglas, como ya lo acordaron las partes en el documento denominado ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto’.

El camino está trazado y hay que seguirlo. Para que la guerrilla no aproveche esta ventana y concentre sus esfuerzos en buscar oxígeno político, el Gobierno tiene la obligación de ser intransigente en el compromiso de no desprenderse de la hoja de ruta.

El tan citado texto contempla otro elemento clave cuando señala que la duración del proceso estará sujeta a “evaluaciones periódicas de los avances”, aspecto fundamental del que, en últimas, depende el éxito de los diálogos.

En ningún momento se puede olvidar que su norte debe estar marcado por el realismo, la discreción, el pragmatismo y la capacidad de priorizar y delimitar. Se deben evitar el afán de protagonismo, los derroches retóricos y las pretensiones sin ancla en la realidad, una realidad que muestra a la guerrilla en retroceso y con mínimo respaldo entre los colombianos. De ahí que la ventaja en el campo de batalla le permita al Gobierno llevar la batuta y recordar, cuantas veces sea necesario, que, sin avances para mostrar, la mesa perderá su sentido y credibilidad. Esta vez, el reloj juega en contra de las Farc.

El primer tema será el agrario. Que es definitivo para que cualquier acuerdo alcanzado eche raíces duraderas. Aquí, las principales cartas del Gobierno serán la ley de víctimas y restitución de tierras, así como el proyecto de ley del estatuto de desarrollo rural.

El último le apunta a una profunda transformación estructural del sector, gracias a una política con enfoque territorial, que, guardadas proporciones, en su esencia no dista mucho de lo que en diferentes momentos ha defendido la subversión.

En ella se establece que los recursos para el agro se concentrarán en programas territoriales de desarrollo, concertados con autoridades y organizaciones locales, que a su vez conformarán zonas especiales, una suerte de nivel intermedio entre el Estado local y el central, núcleos que coincidirán con regiones socioeconómicas más que con divisiones políticas o administrativas. La iniciativa obliga también al Estado, en un plazo de diez años, a nivelar el sector rural con el urbano en lo referente a inversión en servicios y bienes públicos.

El proyecto fortalece la legislación en aspectos rurales, donde se incluye la extinción de dominio por inexplotación, esto es, expropiación por vía administrativa de tierras de engorde cuando prime la utilidad pública. Y algo vital: la clarificación del dominio. Crea herramientas para que el Estado o los legítimos propietarios recuperen terrenos obtenidos mediante titulación fraudulenta. Todo esto sin mencionar el fortalecimiento de las zonas de reserva campesina para proteger la pequeña y mediana producción, y nuevas figuras que buscan acabar con los sobreprecios de la tierra.

En procura de no repetir errores, para quienes accedan a tierras se contemplan subsidios de vivienda, apoyos para proyectos productivos y asistencia técnica.

El propósito es que la tierra desnuda pase a ser rentable en manos del campesino. Y por ello el afán de aumentar la inversión en infraestructura.

La hora de la verdad ha llegado. Lo que ocurra en esta primera etapa de la negociación será determinante. No solo porque marcará el rumbo, sino porque el asunto agrario está profundamente ligado a la causa y al origen mismo de las Farc, que encontrarán en La Habana un camino para alcanzar por la vía legal una meta que, sin mayores avances, llevan décadas persiguiendo con el saldo de sangre por todos conocido.

Así, pues, la postura que asuman las Farc constituye un buen termómetro para conocer sus auténticas prioridades.

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