La Justicia, sacudida

La reforma de Alberto Ruiz-Gallardón ha irritado a todos

La puesta en libertad por el juez Gómez Bermúdez de dos de los terroristas implicados en el secuestro y muerte de Publio Cordón es una de estas decisiones que la opinión pública no puede comprender, y que contribuyen a hundir todavía más el ya demasiado zarandeado prestigio de la Justicia en España. Es posible que el juez tenga buenas razones para haber actuado de esta manera, pero debería explicarlas urgente y satisfactoriamente, y en primerísimo lugar a los familiares de la víctima, que se hacen cruces de que haya podido ocurrir semejante cosa y ya declaran creer sólo en la justicia divina. Desde aquella memorable frase del entonces alcalde de Jerez de la Frontera Pedro Pacheco –“La justicia en España es un cachondeo”–, las cosas sólo han ido a peor. Este país, ya tan maltratado económicamente, se acerca a gran velocidad a niveles tercermundistas en materia de Justicia. Y cuando eso ocurre, todo el edificio de la convivencia civilizada corre peligro de colapso.

No ganamos para sorpresas, que parecerían bromas muy pesadas si no fueran decisiones y maniobras de los mismísimos gobernantes. Hace unas semanas el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció una profunda reforma del Consejo General del Poder Judicial, en unos términos que tuvieron la virtud de irritar a todos los operadores jurídicos afectados, sean cuales sean sus afinidades o simpatías ideológicas. Unos han protestado por unos aspectos; otros, por otros; pero todos coinciden en denunciar que el resultado de esa reforma, si se llevase a cabo, sería la desnaturalización del Consejo, su mayor vulnerabilidad a las injerencias gubernamentales (sí, todavía más, aunque parezca imposible) y la perpetración de una más que probable inconstitucionalidad. Pero al ministro parece que no le impresiona lo más mínimo la minucia de la protesta unánime.

Otro botón de muestra: en marzo pasado fueron indultadas dos personas afines a Unió Democràtica de Catalunya condenadas por un caso de corrupción, el conocido en los medios como el caso Treball. Y hace cuatro días se ha publicado la concesión de otro indulto, esta vez al ex alcalde de un pueblo de Málaga, condenado en su día por varios delitos continuados de prevaricación urbanística. Evidentemente, nada tenemos en contra de la magnanimidad del Gobierno, aunque precisamente indultos como estos sean los que escogería un enemigo que tuviera el propósito de mofarse de una ciudadanía harta de ver cómo desde tantos cargos públicos se despilfarra el dinero, en no pocas ocasiones se roba directamente, y casi nunca a los responsables les ocurre nada, ni siquiera que se les obligue a devolver lo robado.

Es cierto que el indulto es una potestad discrecional del Gobierno, y que ningún reparo formal hay que poner a este tipo de decisiones. Pero nadie dice que esos indultos sean ilegales. Lo que ocurre es que con decisiones plenamente legales se puede enfurecer mucho a mucha gente de bien, que paga sus impuestos con gran esfuerzo y que ve lo que luego se hace con su dinero. Y más indignación puede producirse si se abre la sospecha vehemente de que esas medidas son una especie de preparación artillera para la bomba final de un indulto al ex juez Garzón.