Ética de la democracia y paroxismo de la cleptocracia

ASDRÚBAL AGUIAR

1875359A mediados de la década de 1990 se firma, en Caracas, la Convención Interamericana contra la Corrupción y su puesta sobre la mesa regional deja testimonio de la incidencia creciente de dicho morbo sobre las cuestiones públicas o políticas del momento.

Entonces se la restringe o entiende como la violación agravada de la ley por el funcionario que se enriquece ilícitamente, malversa fondos públicos o permite el cohecho y hasta el nepotismo, pero se la advierte en lo adelante como un elemento de corrosión de todo el orden social y democrático, del mismo estado de derecho, incluso con efectos transnacionales.

En su novedad, encontrando un adecuado contexto, dicho instrumento sirve de pórtico apropiado a otro suscrito un lustro más tarde, la Carta Democrática Interamericana, luego de lo cual se afirma que la democracia, sin dejar de ser un procedimiento para la elección de los gobernantes, sobre todo es probidad y transparencia, respeto por las personas y sus derechos, y libertad de información y opinión, a través de la prensa, para el escrutinio de la res-publicae, de todo cuanto interesa o afecte a la sociedad en su conjunto.

Para hombres con espíritu de amanuense, como José Miguel Insulza, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), tales decálogos representan, sin embargo, un mero ideal o desiderátum, tanto que los gobernantes de hoy los desprecian sin temor a las consecuencias. No obstante, importa destacar que la Carta nace sobre una preocupación de mayor entidad: es el caso del expresidente Alberto Fujimori y su corrupto y corruptor Vladimiro Montesinos, quienes manipulan los elementos de la democracia y los pervierten para establecer un despotismo de cuño renovado, una autocracia electa con propósitos de perpetuidad y clara disposición a la “cleptocracia”, a la apropiación del conjunto del Estado y sus bienes para disponerlos a su arbitrio, como cosa propia, y así someter al pueblo, explotándolo, degradándolo.

La transparencia, concepto que se desarrolla con amplitud desde el siglo XVIII y alude a la publicidad de los actos y acciones de los gobernantes y su conocimiento abierto por la opinión pública que los controla y elige, cede, de tal modo, ante la pérdida de los consensos sobre el vocabulario político y democrático provocada deliberadamente. Y jueces al servicio de los “gendarmes del siglo XXI”, ganados para la corrupción –que bien significa la alteración o mutación de una cosa que, dejando de ser lo que es, se le sigue llamando como antes– se encargan de hacerle decir a cada Constitución y a las leyes lo que no dicen o le asignan a sus palabras significados que no tienen, corrompiéndolas. La corrupción de la democracia y dentro de la democracia se vuelve política oficial.

La mentira, el engaño, el ocultamiento y su efecto, la pérdida de la confianza en el valor del discurso político y sus predicadores, se hacen espacio y multiplican, y la corrupción clásica –el peculado y el uso indebido del patrimonio público– se expande cómodamente y se desfigura hasta presentársele como una suerte de virtud ciudadana. Se roba y expropia para fines propios del gobernante, que trafica con las ilusiones y de sus cómplices, a la par que se confiesa la necesidad de la perversión institucional y el relajamiento de los controles bajo el imperativo del provecho social y la redención de los necesitados.

Es máxima de la experiencia en América Latina la disposición espasmódica del instrumental jurídico que reprime a la corrupción, unas veces cierta y evidente y no pocas veces forjada o parcialmente encubierta, para el ajuste de las cuentas políticas; para el despacho hacia los anaqueles de la historia de generaciones de políticos y hasta de sus partidos, hayan o no participado de hechos de corrupción en tiempos de dictadura y durante los interregnos en que rige la democracia formal. La transparencia es un artículo de lujo. Y atrás de todo esto, cabe decirlo sin ambages, moran taras que nos vienen desde la colonia y nuestras independencias.

La creencia en el mito de El Dorado –herederos que decimos ser de tierras bendecidas con todo género de riquezas y dogma cultivado en los niños desde las primeras letras– y la aceptación, como necesaria o fatal, de la persona del caudillo, del “césar democrático”, el padre bueno que nos dona la libertad por medio de las espadas y no como producto de la razón, abonan en favor de la tolerancia de quienes, bajo tal título, se hacen acreedores de todos y del todo, poseyéndonos y prosternando nuestras dignidades, pero apaciguando como costo, eso sí y mientras pueden, nuestras urgencias y necesidades vitales.

Una ética práctica nos invade a los latinoamericanos y la fundamos en un discernimiento moral, entre el bien o el mal, según que lo bien o mal hecho nos aproveche. Nos movemos entre la llamada moral de dinosaurio –que hace pétreas e inmodificables las convicciones heredadas– y la moral del camaleón, que bien describe la Odisea: “Los pensamientos de los hombres cambian según la luz fecundante con que el mismo Zeus, su padre, ha iluminado la tierra”.

Vivimos una moral de conveniencia y postiza, que fecunda y permite la corrupción sin escandalizarnos o mostrando silencio ante su presencia; pero solo hasta el momento en que la protesta y la irritación nos hace presa en épocas de carestía, de pérdida de bienestar, o en ambientes proclives a la discriminación. Mas las cosas, según lo dicho, esta vez, sin ser distintas son más ominosas y complejas.

A diario se disponen medios políticos legítimos para fines ilegítimos y viceversa, como la permanencia en el poder de los gobernantes elegidos y quienes pretenden hacerse del poder hasta que Dios se los quite. Se les niegan o confiscan los derechos a unos, con el argumento de favorecer a los otros y los más. Se desfiguran las legislaciones de la democracia, interpretándolas según convenga, para castigar a los disidentes o a quienes denuncian la corrupción, o favorecer la impunidad de quienes corrompen y se corrompen en nombre del pueblo endosando las sotanas del Redentor.

En suma, no cabe duda y es pertinente decir con Vaclav Havel, fallecido gobernante checo, que el desafío y sueño de nuestra hora es fundar al Estado sobre la verdad y demandar de los gobernantes transparencia. Ya Peter Haberle, luz intelectual de la Alemania del presente, jurista y pensador que hace exégesis del primero de los nombrados, nos interpela al preguntarnos si acaso es posible que el Estado constitucional fije con urgencia los límites dentro de los cuales se permite la tolerancia…, “porque no puede decirse que sea posible tolerancia alguna si no hay un deseo sincero por la verdad”.