Con sus políticas, el “modelo” kirchnerista opaca la reforma

Por Adrián Ventura | LA NACION

El proyecto de Código Civil enfrenta un delicado problema: el mismo gobierno que promueve su sanción también es el que, con sus medidas políticas y económicas, contamina su lectura y su interpretación. El proyecto fue elaborado por muchos juristas, algunos de ellos muy relevantes -el propio Ricardo Lorenzetti, Aída Kemelmajer, Elena Highton, Augusto Belluscio, etc.- y, sin duda, tiene más aciertos que errores. Hablar de sucesiones, de la familia, de divorcios, del peso como moneda de pago, de los contratos, de cajas de seguridad, del derecho de propiedad o de cualquiera de las normas que regulan nuestra vida cotidiana, debería generar debates jurídicos e ideológicos entre liberales, socialistas, ateos o creyentes. Sin embargo, el proyecto levanta debates y dudas políticas.

El problema, claro está, no radica en un vicio intrínseco de este proyecto de ley -en definitiva, el código es una ley muy extensa de miles de artículos- sino en la contaminación política que lo tiñe. Veamos algunos ejemplos concretos.

Los juristas, en la versión original de la iniciativa, regularon que la Argentina continuaría con el bimonetarismo, que permite contratar y pagar en pesos y en dólares. Hace sesenta años que el país recae en altas tasas de inflación y los argentinos toman el dólar como el mejor salvavidas. Lorenzetti no quería alterar esa costumbre. Pero el Gobierno cambió las normas y sembró muchas dudas.

Los juristas habían propuesto regular la responsabilidad de los funcionarios y del Estado, pero el Poder Ejecutivo, que no tiene predilección por someterse al control ciudadano, las suprimió. Es válido sospechar que los funcionarios quieren evitar todo control y responsabilidad.

La nueva regulación de cajas de seguridad no diferirá de las prácticas actuales y de las pautas ya establecidas por los jueces en distintos fallos. Pero, en medio del clima generado por el cepo cambiario, los controles persecutorios de la AFIP y otras medidas, los dueños de cofres tienen miedo, no importa que sea infundado.

El derecho de propiedad es muy importante. Pero frente a un gobierno que plantea un discurso ideológico muy sesgado, que hizo varias expropiaciones que nunca pagó, que no permite ahorrar en dólares y que intervino de lleno en el mercado inmobiliario en moneda extranjera (lo que derrumbó la venta de inmuebles), hace cada vez más difícil confiar en que respetará el derecho de propiedad. Más aún cuando se habla de una reforma constitucional en ciernes, en la que el Gobierno podría alterar la regulación de aquel derecho.

En definitiva, hay muchos cuestionamientos al Código, y aunque no todos tienen fundamentos jurídicos sólidos, lo que buena parte de la sociedad está planteando es que no existen garantías de que los argentinos sigamos viviendo en libertad y con derecho de propiedad, los dos ejes de una democracia capitalista sobre la que el Gobierno echa sombras.

Ahora, cuando en pocas semanas terminen las audiencias en las que exponen abogados, asociaciones y otros representantes de la sociedad civil, sería bueno que los diputados y senadores kirchneristas no se limiten a aprobar el proyecto a mano alzada, imponiendo una mayoría automática, sino que se permita a la oposición, aunque sea durante dos o tres meses, exponer sus objeciones y consensuen una redacción que mejore los puntos más delicados. De lo contrario, el proyecto Lorenzetti quedará teñido por el modelo Cristina Kirchner.