Brindis al sol o desafío soberanista

El texto de la Declaración soberanista que han pactado CiU y ERC para que se someta a la aprobación del Parlamento catalán el próximo día 23, podría ser un mero brindis al sol o acabar convirtiéndose en un peligroso desafío al Estado. Aunque este texto fuese aprobado por los partidos catalanes, con excepción del PP, del PSC y de Ciutadans, no tendría más valor que el de una mera opinión política, pues carecería de efectos jurídicos, lo mismo que ha ocurrido en varias ocasiones anteriores en que dicho Parlamento reivindicó el derecho a la autodeterminación de los catalanes.

En efecto, mientras que esta proclamación no dé pie a que se cree algún organismo, como el que ya se ha anunciado, denominado “Consejo Catalán para la Transición Nacional”, no pasará de ser mera música celestial. Ahora bien, si deciden seguir adelante por ese camino, se podría impugnar la decisión de crear este ente por ir claramente contra la Constitución, mediante la aplicación de su artículo 161.2. En otras palabras, si el citado documento del nacionalismo catalán se limitase a ser un manifiesto a favor de la independencia de Cataluña, no tendría más valor que el de algún precedente histórico. Ciertamente, salvando las distancias, sería algo parecido al deseo surrealista de la Junta Revolucionaria del Cantón de Cartagena, que, en 1873, cuando estaba asediada esta ciudad por el ejército español tras la proclamación de la I República, hizo una proclamación sin duda original. Manifestó así que había entrado en negociaciones para convertirse en un nuevo Estado de los Estados Unidos de América… Sea como fuere, no es extraño que una ciudad con tan brillante imaginación, haya sido la cuna de uno de nuestros mejores y más prestigiosos novelistas actuales. Sin embargo, no hace falta decir que los gobernantes norteamericanos hicieron oídos sordos del deseo cartagenero. En consecuencia, cabe afirmar que la imaginación en la política, cuando supera  los límites del Derecho, o incluso los del sentido común, puede dar lugar a un esperpento.

Pues bien, si se lleva a cabo la aprobación de este documento tal como está -aunque podría variar en aspectos secundarios por presiones de última hora-, se pondrá en evidencia la acumulación de errores jurídicos y políticos que contiene dicha Declaración, la cual consta de un preámbulo y seis puntos. De todo ello podemos deducir algunos comentarios. En primer lugar, el Parlamento catalán no tiene una competencia reconocida, ni siquiera en su amplísimo Estatuto, para poder llevar a la práctica este desiderátum. Por la sencilla razón, de que sólo puede desarrollar los temas que le reconocen la Constitución y el Estatuto, lo que no es evidentemente el caso. En segundo lugar, los nacionalistas catalanes no son capaces de distinguir entre el derecho de autodeterminación de territorios coloniales y el de un supuesto derecho semejante aplicado a una parte de un Estado secular, que se rige por una Constitución democrática. A este respecto, fue muy clara la decisión del Tribunal Supremo de Canadá, afirmando en 1998, respecto a la posible independencia de Quebec, que, a la luz del Derecho Internacional, no existe un derecho a la secesión por parte de un territorio de un Estado que no se encuentre en una situación colonial.

En tercer lugar, el pueblo de Cataluña no es soberano, puesto que forma parte de la Nación española, que es el auténtico sujeto de la soberanía que reconoce nuestra Constitución. Porque sería un absurdo elevado al infinito pensar que una fracción de un sujeto soberano, fuese también otro sujeto soberano, ya que semejante cualidad podría ampliarse a todos los territorios, cayendo así en una autentica confusión. En cuarto lugar, la Declaración insiste en que Cataluña, como nuevo Estado Europeo, defenderá y adoptara los principios fundacionales de la Unión Europea. Lo cual es una contradicción en sí misma, puesto que los nacionalistas catalanes deberían saber que uno de los principios fundacionales, consiste en que para pasar a ser un nuevo Estado de la Unión Europea, es necesario contar con la unanimidad de todos los Estados miembros, objetivo que no se podrá conseguir si no se dispone del voto de España.

En quinto lugar, la Declaración insiste en que se facilitarán todos los medios para la mejor información de los ciudadanos catalanes, a efectos de poder decidir con conocimiento en el momento en que se someta la consulta o referéndum. Sin embargo, resulta realmente paradójico que si se proclama este principio de la transparencia y de la información debida, tendrían que ser consecuentes. En efecto, teniendo en cuenta que varios dirigentes nacionalistas están bajo  la sospecha de una posible corrupción, lo lógico sería que hasta que no se resuelvan los diferentes procesos o se aclaren las sospechas de corrupción, no se planteara ninguna consulta popular. Es más, cualquier observador sabe que la libertad de información y la libertad de expresión, brillan especialmente por su ausencia entre los medios de comunicación de masas catalanes, muchos de ellos subvencionados, ocultando, por tanto, las informaciones que no le gustan al poder.

En sexto lugar, los nacionalistas catalanes desde hace tiempo vienen afirmando que la democracia, la voluntad del pueblo, debe estar siempre por encima de la Constitución y de las leyes. Lo cual es una afirmación enormemente peligrosa, porque derrumba el edificio que tanto ha costado construir del Estado de Derecho. Efectivamente, se trata de cierta concepción robespierrana, pues, como ha escrito el brillante economista francés Alain Minc, en un artículo de La Vanguardia, en el que expone los cinco errores fatales que han cometido los nacionalistas catalanes, mantener que la democracia se reduce al sufragio universal es un error, porque desde Montesquieu sabemos que el funcionamiento democrático impone, al mismo tiempo, tanto el respeto al sufragio, como la aceptación de las reglas de derecho.

Por último, manteniendo otra contradicción con lo que se dice en los puntos anteriores, el punto sexto de la declaración señala que se utilizaran todos los marcos legales para llevar a cabo su proyecto, lo cual es una manifestación fraudulenta, porque su decisión quiere imponerse al margen de la Constitución, que para reformarse y poder reconocer el derecho a la secesión, tendrían que pronunciarse todos los españoles y no solo los catalanes. Si quieren entender mejor cómo se debe proceder en una democracia como es hoy la española, en un asunto de tanta gravedad como es la secesión de una parte del territorio, sería recomendable que leyesen la resolución citada del Tribunal Supremo de Canadá.

En definitiva, sea como sea, la cuestión más importante que plantea esta Declaración no es saber si los catalanes pueden decidir su futuro, pues sería un error retenerlos contra su voluntad claramente expresada. La verdadera cuestión consiste en saber cómo y por qué procedimientos, los catalanes que no quieren la nacionalidad española, podrían retirársela a los catalanes, probablemente cerca de la mitad, que quieren conservarla. Esa es la cuestión.